Asociación por la Unidad de Nuestra América

               

 

Los Empresarios en la Integración Regional de América Latina

Alicia Ortíz Rivera

 

La valoración del papel de los empresarios latinoamericanos en el desarrollo regional ha experimentado cambios dramáticos en las dos últimas décadas: de haber sido tradicionales aliados de los gobiernos dictatoriales y autoritarios que dominaron el escenario latinoamericano, fundamentalmente en las décadas de los setenta y los ochenta, muchos de ellos con el soporte de las fuerzas militares o actuando veladamente y legitimando políticas populistas y medidas represivas de movimientos sociales que alteraban su ideal de estabilidad política, como en el caso de México, han pasado en la actualidad a ser actores dinámicos en los procesos de transición democrática y hasta protagonistas y líderes de los mismos.

       Buena parte de la comunidad empresarial ha vivido un proceso de politización sin precedentes, paralelo al notable repliegue del Estado como conductor del desarrollo económico, que la ha colocado en el centro mismo de la definición y hasta de la implementación de las importantes políticas públicas.

       Este cambio de percepción sobre el papel de los empresarios es también notable en el ámbito académico. En México, por ejemplo, se convirtieron en objeto de estudio y análisis luego de los conflictos que tensaron la relación Estado-empresarios durante los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982), los cuales alcanzaron su nivel más álgido con la nacionalización de la banca decretada en noviembre de 1982 2.

       La confrontación entre el gobierno y los empresarios organizados, fue tema de numerosos análisis. Éstos ponderaron la acelerada politización y radicalización, que se dio entre un número importante de hombres de negocios que habían tenido una destacada participación como dirigentes de los organismos de la iniciativa privada, y que a partir de entonces optaron por la vía partidista. Sobre todo en las filas del Partido Acción Nacional, para actuar en defensa de sus intereses.

       El personaje paradigmático de esta nueva clase empresarial, tan dinámica en la política fue el agroindustrial Manuel J. Clouthier, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a quien todos recordamos como candidato presidencial del PAN, encabezando la movilización social que, junto con el Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas como su aspirante a la Presidencia de la República, cimbraron por primera vez en 1988 las bases del sistema del Partido de Estado al presentarse como una alternativa real de gobierno emanado de la oposición.

       En este caso los estudios ponderaron la visión del conflicto entre el Estado y los empresarios, pero poco se consideró que si bien la nacionalización de la banca afectó fuertes intereses económicos, no alcanzó a romper el pacto de acuerdos implícitos, no escritos, que por décadas habían regulado las relaciones entre el poder económico y el poder político, al grado de que con una hábil política de repliegue estatal de la actividad económica y una serie de reformas que iniciaron los notables cambios estructurales para devolver gradualmente a la iniciativa privada el espacio del que había sido desplazada, el acuerdo y la coordinación entre el gobierno y los empresarios durante la administración del licenciado Miguel de la Madrid dio cuenta de una exitosa recomposición en las relaciones entre ambas instancias.

       Quizá fue por esto que el interés de la academia en el tema fue limitado a unos pocos estudios que lo abordaron en esos años. En el horizonte no se vislumbraba aún la caída del Muro de Berlín, y en un ámbito en el que todavía prevalecía el enfoque marxista, en algunos casos con fuertes tendencias esquematizantes que limitaron su capacidad analítica, no faltó quien considerara que lo importante era estudiar a las clases en ascenso, con el proletariado al frente.

       Siendo la burguesía una clase en decadencia, se creía, destinada a la desaparición víctima de las contradicciones propias del capitalismo, no valía la pena gastar recursos y energías en su estudio. El número de publicaciones sobre el tema de la clase obrera y el movimiento sindical en toda América Latina no tiene comparación con lo que en los mismos años se llegó a publicar sobre los empresarios, condenados a ser, bajo esa visión, un grupo marginal en la historia.

Los empresarios: nuevos actores en la arena política

Pero ¿qué hay detrás de este cambio de percepción? ¿Cuál es el papel de los empresarios en la construcción de un nuevo orden social? ¿Cuáles son los retos, obstáculos y limitaciones de su participación en la transición democrática? ¿Cuál es su responsabilidad en la promoción del desarrollo económico y social del país? ¿Qué papel jugarán en la ya larga búsqueda de un proceso de integración latinoamericana?

       Estas y algunas otras son las preguntas que me parecen relevantes para tratar de dilucidar la lógica de la acción de los empresarios, actores que considero han incursionado en la arena política, a donde seguro llegaron para quedarse, como se puede ver en el creciente número de candidatos a puestos de elección popular, sobre todo en el Congreso, y la cercanía que tienen los funcionarios públicos con destacados hombres de negocios.

       En el cambiante entorno actual es difícil dar respuestas precisas a estas preguntas. Sin embargo, presentaré en estas líneas algunas propuestas para explorar alternativas. Partiendo de que se trata de un problema complejo, como lo es la misma estructura del sector empresarial, caracterizado por una pluralidad de tendencias que recientemente han puesto en jaque la representatividad de las organizaciones que lo aglutinan.

       Primer punto: Fue a partir de la expropiación de la banca que los líderes empresariales por primera vez hicieron explícita una demanda de democracia en su discurso. En ese año de 1982, más allá de condenar los errores de gobierno de un presidente en específico, López Portillo en este caso (que por lo demás ya iba de salida), los empresarios construyeron un discurso que cuestionaba al sistema político en sí mismo y asimilaba sus demandas con las de la sociedad civil en su conjunto, enarbolando un discurso antiestatista y antiautoritario. Al mismo tiempo reforzaron las organizaciones empresariales, participaron en la construcción de coaliciones electorales, que lograron notables avances, sobre todo en los estados del norte del país, y dieron de esta forma una extraordinaria visibilidad ideológica, social y política a la iniciativa privada en toda la República.

       Paradójicamente, los entonces ex banqueros fueron los menos activos en este sentido, y optaron por mantener la cautela en espera de una adecuada compensación por parte del gobierno, de tal forma que la formidable expansión del sector financiero no bancario durante el sexenio de Miguel de la Madrid, aunado a la política de rescate de las firmas privadas altamente endeudadas, la privatización de empresas estatales y la adopción de reformas orientadas al libre mercado permitieron que al final de ese sexenio hubiera de nuevo una poderosa élite financiera y empresarial reconocida como el más importante aliado del gobierno, con el que creó una alianza que se vio ampliamente reforzada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

       Segundo.- El fracaso de las economías centralmente planificadas en el manejo eficiente de las finanzas públicas, en el marco de una aguda crisis económica y de las empresas paraestatales, pareciera haber convertido en una verdad casi universalmente reconocida que el desarrollo económico debiera ser promovido fundamentalmente por el sector privado, en un contexto de libre mercado –tesis centrales del neoliberalismo. Ante esta tendencia, sigue abierto el debate del alcance que debe tener el Estado como regulador del desarrollo.

       Al respecto estamos muy lejos de haber dicho la última palabra, pues existe el reconocimiento de que el libre mercado no es en sí mismo un mecanismo suficiente ni eficiente para procurar un desarrollo económico y social equilibrado.

       Tercero.- En Latinoamérica, específicamente en México, se carece de una cultura empresarial que favorezca el despliegue de la iniciativa privada. Hay razones históricas que lo explican, que van desde la existencia de una pesada burocracia y un esquema corporativista como pilares del sistema que hoy parece vivir sus últimos momentos, hasta la existencia, también por décadas, de un esquema de desarrollo industrial procurado a la sombra del Estado, bajo un modelo proteccionista que ya agotó sus posibilidades ante un entorno internacional cada vez más abierto.

       Paradójicamente fue un destacado empresario quien hace algunos años se refirió a los hombres de negocios en Latinoamérica como una “burguesía precaria... débil, que muchas veces se ha coludido con el Estado y que no ha sabido responder a sus responsabilidades nacionales”. Fueron palabras de don Juan Sánchez Navarro en un foro iberoamericano en el que el líder empresarial hizo una comparación entre los logros de la Europa de la posguerra con el Plan Marshall, y lo sucedido en Latinoamérica en donde la entrada de cuantiosos capitales extranjeros nos hundió en una crisis de endeudamiento de que aún nuestros países no se acaban de reponer, y dificilmente lo harán en un futuro próximo.

       Cuarto.- En detrimento del objetivo de forjar una cultura empresarial, suponiendo que ese fuera el interés del gobierno al optar por un esquema neoliberal, la forma en que se llevó a cabo el proceso de adaptación a dicho entorno internacional alimentó dudas y desconfianza respecto a la capacidad de disposición que tendrían los hombres de negocios para dar respuesta a las necesidades de la población.

       En este sentido, la experiencia que se vivió durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), en el que se aplaudieron las reformas realizadas para supuestamente configurar una economía del primer mundo, fue muy poco clara en cuanto a las limitaciones de dichos cambios como mecanismos para procurar un sano desarrollo.

       Por el contrario, lo que se vio es que promovió el surgimiento de una clase de “nuevos ricos”, propietarios de empresas de las que se adueñaron en base a una política de privilegios y corruptelas, de las que aún no acabamos de conocer todo el trasfondo. El Fobaproa da cuenta de ello. Lamentablemente, no han cesado de presentarse casos que alimentan la animadversión entre importantes grupos de la población hacia la participación de la iniciativa privada en ciertas áreas, como sucede actualmente con el sonado caso del Registro Nacional de Vehículos (Renave).

       Quinto.- Los hombres de negocios más beneficiados con las reformas salinistas fallaron además al limitar su capacidad de influencia en la definición de las políticas económicas a la defensa de los intereses de los grandes capitalistas, únicos con capacidad de competir a corto plazo en una economía abierta. Ellos aceptaron en virtud de ese acuerdo de colaboración entre el gobierno y los grandes capitalistas, realizar un acelerado proceso de apertura que atendió más a los intereses y los tiempos políticos de la clase gobernante, que a la capacidad real de la planta productiva de adaptar sus procesos a un contexto de una mayor competencia, provocando un elevado costo en lo económico, en lo social y presumiblemente también en lo político, como podría considerarse a partir del reciente fracaso del PRI en las urnas.

       Con las observaciones anteriores, lo que pretendo es ilustrar las notables carencias que se tienen en materia de cultura empresarial, y la urgencia de promoverla y fortalecerla, para poder avanzar en la urgente reforma microeconómica. Ambos aspectos intrínsecamente ligados.

       El primer aspecto, la cultura empresarial, entendida como la promoción de la figura del empresario innovador, introductor de nuevas tecnologías y de novedosas formas de organización del trabajo, y muy sensible a la elevación del nivel de vida de los trabajadores como condición del desarrollo, e interesado en la educación y la capacitación como requisitos indispensables para elevar la productividad y la calidad en su desempeño económico.

       El segundo aspecto, la promoción y fortalecimiento de la cultura empresarial, incluye el amplio espectro de problemas que atañen al campo de las políticas públicas: llámese industrial, laboral, educativa, de desarrollo científico y tecnológico y de promoción de la productividad y la cultura de calidad, y en cuya determinación deberá jugar un papel central la iniciativa privada.

       A la serie de preguntas que yo misma planteé hace unos momentos, quisiera responder de manera breve con las siguientes palabras: el papel de los empresarios en el proceso de desarrollo económico en América Latina será vital. Particularmente de los pequeños empresarios, pues como se ha comprobado que los “grandes empresarios” ni pueden generar todo el empleo que se requiere, ni la satisfacción de esta demanda responde a la lógica de desarrollo tecnológico de los grandes consorcios, que en muchos casos tienden a privilegiar la inversión en nuevas tecnologías, aun cuando éstas tiendan a desplazar personal.

       Por otra parte, también parece claro que los empleos que el país requiere –por lo menos un millón 350 mil al año, según las perspectivas del próximo gobierno de Vicente Fox–, no se crearán a través de las inversiones públicas, por el elevado nivel de endeudamiento y las carencias de servicios públicos en diversas zonas del país, que reclaman atención inmediata por parte del sector público.

       Es crucial para lograr un sano desarrollo, que haya una justa revaluación de la función social de los empresarios en general, y de los pequeños empresarios en particular, pues del éxito que éstos tengan se logrará dar respuesta a la creciente demanda de empleo que hay en el país y en la región. Eso implica no sólo un cambio de actitud hacia la noción de empresa y de autoempleo, para dejar de verla como el lugar de explotación social y apropiación indiviudal, y dejar de ver al empresario como el ser que busca el lucro a costa de lo que sea.

       Implica también un cambio en las políticas gubernamentales, para crear verdaderas condiciones de desarrollo que favorezcan a los pequeños empresarios, aumentado la capacidad de la banca de fomento y reduciendo el excesivo costo del crédito comercial. Es notable el vacío que hay en las políticas públicas en relación a los pequeños empresarios, pues la burocracia, el exceso de trámites y las excesivas regulaciones son claras manifestaciones de una cultura antiempresarial, que deberá tener un cambio radical si es que en verdad se pretende lograr un desarrollo justo, sano y equilibrado en México y en toda América Latina.

 

 1 Fue notable por ejemplo la participación empresarial en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Véase Tirado, Ricardo, coord., Los Empresarios ante la Globalización, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM y LV Legislatura de la H. Cámara de Diputados, México, 1994.

 2 Véase Martínez Nava, Juan Manuel, Conflicto Estado-Empresarios, Editorial Nueva Imagen, México, 1984.

 3 Están los casos de Manuel Ardavín, Emilio Goicochea Luna, Francisco Barrios Terrazas, Adalberto Rosas, Jorge Ocejo Moreno y Ernesto Ruffo Appel, entre otros.

 4 Sobre el tema de la politización de los empresarios véase “Empresarios y Política en México”, artículos de Francisco Valdéz Ugalde, Matilde Luna, Ricardo Tirado y otros, en Estudios Sociológicos del Colegio de México, Vol. V, Núm. 15, Septiembre-diciembre de 1987.

 5 Véase Puga, Cristina, Revista Mexicana de Sociología, Núm. 32, FCPyS-UNAM, 199(?)

 6 Véase Durand, Francisco, “Las organizaciones empresariales latino-americanas al final del siglo XX”, en Ricarco Tirado, Op. Cit.

 7 Véase Heredia, Blanca, “Mexican Business and the State: The Political Economy of a Muddled Transition”, en Bartell, Ernest y Payne, Leigh, Business and Democracy in Latin America, University of Pittsburgh Press, 1995 y Concheiro, Rosa Elvira, El gran acuerdo, Editorial Nueva Imagen, México, 1997.

 

Fuente: El Papel del Empresario Mexicano en la Integración de América Latina y el Caribe, AUNA México, 2001, páginas 9 a 14.

 

 

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